Última recomendación: NO INDICAR ESTIMULANTES DEL APETITO EN ADULTOS MAYORES CON ANOREXIA

Es por todos conocido que las actividades sanitarias producen beneficios aunque también potenciales daños en todas las áreas de atención.

No es suficiente considerar si una determinada práctica puede beneficiar a un paciente (principio de beneficencia), sino que también se deben valorar minuciosamente la seguridad de esa práctica para un paciente determinado y el balance de los daños en relación con los beneficios esperados (principio de no maleficencia), evaluar las preferencias del paciente, informado respecto de la práctica que se va a realizar (principio de autonomía) y brindar atención a todos los pacientes por igual según sus necesidades, sin perder de vista las consecuencias que la realización de esta práctica tendrá en la comunidad, en cuanto a la distribución de los recursos sanitarios (principio de justicia).

Un área particularmente problemática es el estudio de las personas asintomáticas, sustentado en la ilusión de que se debe y puede prevenir todo sin límites y a cualquier costo, aún cuando las evidencias científicas disponibles no respalden dichos supuestos.

En el caso de las prácticas preventivas, considerar los daños se torna especialmente importante, puesto que se recomienda a una persona sana una intervención diagnóstica y/o terapéutica con riesgos potenciales.

Al problema cotidiano de los falsos positivos y los hallazgos incidentales que generan fuerte impacto psíquico además de estudios innecesarios, con cuestionables beneficios para la salud de las personas, se agrega el del sobrediagnóstico, es decir, el diagnóstico de una enfermedad que nunca hubiera causado daño ni la muerte del paciente de haber quedado librada a su evolución natural,es decir, sin la intervención de la Medicina

El sobrediagnóstico es un efecto potencial indeseable de todos los programas de rastreo. Está bien documentado para muchos cánceres un aumento espectacular en la incidencia en las últimas décadas, a pesar de lo cual la mortalidad por dichos cánceres se ha mantenido sin cambios proporcionales al aumento en su detección.

Dado todos los factores mencionados es sólo a partir de un balance riguroso de daños y beneficios basados en evidencia de alta calidad que la comunidad médica junto a la comunidad que solicita dichos cuidados (debidamente informada) y las autoridades sanitarias, despojadas de otros intereses, deberían decidir la recomendación o no de una práctica, los límites etarios para su realización y los intervalos de repetición de los mismos. El principio de justicia demanda además que la sociedad garantice el acceso de toda la población a las prácticas de valor comprobado.